Logro. Los pueblos indígenas y afrodescendientes consiguieron que el Gobierno hable de saneamiento

Aunque por ley los colonos no pueden ser expulsados de los territorios indígenas, los representantes de los grupos afectados por la invasión de sus tierras tuvieron una victoria al conseguir que la Procuraduría General de la República, PGR, revise el manual de saneamiento que ellos elaboraron.

Así lo informó ayer Lotti Cunningham, directora del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica, Cejudhcan, al término de la reunión que el procurador general Hernán Estrada sostuvo con representantes de 22 pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe.

El objetivo de la reunión era presentar el manual y el procedimiento que, según prometió el procurador Estrada, será revisado.

Luego la PGR convocará y conformará una comisión interinstitucional, “y para la primera semana de septiembre estaríamos en un proceso de diálogo con el Estado en torno a este procedimiento de saneamiento”, informó la directora del Cejudhcan.

PREOCUPACIÓN

No obstante, Cunningham se declaró preocupada por el “lenguaje con que el Estado habla”, en referencia a la palabra cohabitación.

En ese sentido, la viceintendente de la Propiedad para el Caribe, Anexa Alfred, explicó que el saneamiento, que es la última etapa del proceso de demarcación y titulación de los territorios indígenas, “no implica la expulsión de los colonos”.

Agregó que la ley establece diferentes tipos de tratamiento para los que permanecen en los territorios indígenas (como colonos o terceros), en el que se incluye la cohabitación o el pago de un canon de arrendamiento.

Pero para los representantes de los pueblos indígenas “hablar de cohabitación sin el consentimiento previo y libre de las comunidades es como muy difícil”, porque devela una concepción muy diferente sobre el uso y tenencia de la tierra, señalaron.

Sin embargo, la viceintendente Alfred aclaró que “es la comunidad del territorio la que decide cuál es el mecanismo a usar”.

PERJUICIO

Pero independientemente de los términos, los representantes de los pueblos indígenas se declararon preocupados por lo que está pasando en estos territorios, donde hay contaminación de ríos y destrucción del bosque, sobre todo en Bosawás.

La viceintendente de la Propiedad para el Caribe dijo que para evitar que los colonos y los usurpadores sigan invadiendo ilegalmente territorios indígenas es que se han iniciado procesos penales contra usurpadores, abogados y jueces, por emitir documentos sobre dichos territorios.

Finalmente Alfred reconoció que el proceso no avanza al ritmo que quisieran, pero dijo que han demarcado y titulado 37,190 kilómetros cuadrados a favor de 22 pueblos indígenas y afrodescendientes, lo que representa el 31% del territorio nacional y 304 comunidades satisfechas.
FUENTE: http://www.elnuevodiario.com.ni/

No hay comentarios:

Publicar un comentario